Estarían haciendo un presunto uso de víveres destinados a los damnificados por fenómenos meteorológicos en Guerrero durante 2023 y 2024
Por Pepito tlachiquero
Lucrar con la necesidad de la ciudadanía con fines netamente políticos, forma parte de los recientes señalamientos sobre la presunta operación irregular en la Delegación de Programas para el Bienestar en Tlaxcala, apuntan directamente al círculo cercano del titular de esta dependencia federal, Carlos Luna Vázquez, específicamente a una funcionaria identificada como Arely, ponen sobre la mesa una de las problemáticas más lacerantes de la administración pública como es la politización y el desvío de los recursos destinados a los sectores más vulnerables.
Así lo han denunciado de forma anónima decenas de trabajadores de la dependencia, a través de audios, denuncias públicas y demandas para exigir que sus quejas no sean ignoradas ni minimizadas como un simple «golpeteo político», pues la opacidad en esta dependencia se ha convertido en el principal caldo de cultivo para la corrupción.
El señalamiento más alarmante es el presunto acaparamiento de víveres destinados a los damnificados por fenómenos meteorológicos en Guerrero durante 2023 y 2024, donde miles de tlaxcaltecas de volcaron para apoyar en esta desgracia que, si se confirma que la ayuda humanitaria fue retenida o desviada, estaríamos frente a un acto que trasciende la simple falta administrativa para convertirse en una profunda bajeza moral que es lucrar política o personalmente con la tragedia y la vulnerabilidad de las personas afectadas por desastres naturales, situación que es inaceptable y atenta contra el propósito fundamental de cualquier política de asistencia social.
Esto forma parte de las denuncias que se han realizado por el presunto uso de despensas, insumos y de la propia estructura de los «Servidores de la Nación» con fines propagandísticos y político-partidistas, lo que representa un retroceso democrático, toda vez que los programas sociales son derechos constitucionales, no dádivas condicionadas a lealtades electorales.
La figura del «Servidor de la Nación», concebida originalmente para acercar el Estado a las comunidades marginadas, corre el riesgo de consolidarse como una maquinaria electoral si no existen controles estrictos y una muestra de ello, es un audio recientemente difundido que involucra a Carlos Luna Vázquez y Escarlett Orea Díaz, donde ambos funcionarios aparentemente se descaran y exigen a los “Servidores de la Nación” trabajar de lleno en el proyecto político de Alfonso Sánchez García, desvirtuando su labor y dañando la legitimidad de la Delegación de Programas para el Bienestar de Tlaxcala.
Aunado a lo anterior se suman las acusaciones de que instalaciones y recursos públicos se aprovechan para el beneficio personal o familiar de funcionarios reflejan una preocupante cultura de impunidad y opacidad, algo que resulta contradictorio al tratarse de la dependencia encargada de combatir la desigualdad no puede ser operada como un patrimonio privado.
El silencio o la inacción institucional frente a estas denuncias solo ha provocado que todo el mundo valide las sospechas que han sido denunciadas.