Por Tlachi Reportero
– El Clan Cuéllar y su red de abuso, esclavitud y encubrimiento.
Lo que sucede en la Secretaría de Bienestar de Tlaxcala no es solo corrupción administrativa; es una podredumbre moral que hiede a impunidad y cinismo. Bajo el mando de María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar —hija de la gobernadora Lorena Cuéllar— y su cómplice, María Estela Álvarez, la dependencia se ha convertido en el santuario de una cleptocracia familiar que utiliza el presupuesto público como patrimonio privado.
La denuncia fue enviada a la página de noticias @Mundo Político, es un expediente de terror institucional. El dato más escalofriante es el vínculo con Alejandro Atilano Martínez, el otrora intocable operador financiero de la Secretaría. Hoy, el nombre de Atilano no solo está manchado por el desvío de recursos, sino salpicado por el horror: es el mismo sujeto involucrado en el atroz asesinato del matrimonio poblano Tello-Ruiz. Que un personaje con ese perfil criminal haya sido el brazo derecho del círculo íntimo de la hija de la gobernadora no es una coincidencia, es una sentencia de la calaña de gente que hoy administra la pobreza de los tlaxcaltecas.
Mientras Atilano operaba las sombras, la estructura se llenaba de parásitos mediante una nómina del parentesco que da asco. Esposas de criminales, sobrinas de directoras, novios de jefes de departamento y amigos de juerga se reparten el botín. El nepotismo es la ley: desde Denise Hernández Juárez hasta la larga lista de parejas que cobran sin trabajar, mientras el personal operativo sobrevive con unidades chatarra.
El descaro de las Marías no tiene límites. Utilizan a empleados estatales como esclavos modernos para la limpieza de sus ranchos y el cuidado de sus perros. Peor aún, han convertido la Secretaría en la logística gratuita de su negocio privado de fresas, Berry, donde el personal de Bienestar funge como mano de obra pagada por el erario.
Es un saqueo a plena luz del día. Tlaxcala ha sido secuestrada por una monarquía de mafiosos que, bajo el eslogan de no robar, ha institucionalizado el atraco, el miedo y la protección a criminales.
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