Pese a la suspensión de plazos y términos a nivel federal, Yalina Domínguez Carro, la hija de la fiscal General de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán, recibió un fuerte revés a la ocurrencia que había tenido, pues sin fundamento ni razón alguna, había ordenado a la mitad de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ponerse a trabajar durante el periodo vacacional en puerta previsto para la segunda quincena de julio.
La idea, sin razón ni sustento, salvo su opinión confusa opinión de que así se podría avanzar a desahogar el trabajo que se tiene, solo generó malestar y risas entre los trabajadores, pues en el caso de los sindicalizados, de inmediato anunciaron que, a pesar de la orden de la hija de la fiscal, ellos harían efectivo su periodo vacacional, pues en la mayoría de los casos ya tienen programadas diferentes actividades y por las ocurrencias de una inexperta no iban a dejar de realizarlas.
Lo más preocupante del caso, fue para todo el personal jurisdiccional, pues nadie entendió cuál fue el motivo que llevó a Yalina Domínguez a querer poner a trabajar a medio tribunal en pleno periodo vacacional, pues de acuerdo con la ley, armonizar los términos y plazos de los tribunales locales con los federales evita tiempos de espera injustos, retrasos procesales y resoluciones contradictorias.
Lo anterior, porque contrario a lo que la bonachona hija de la fiscal entiende, el emparejamiento de plazos y términos legales, garantiza el derecho a una justicia pronta y expedita para todas las personas, pues esto evita el choque de tiempos, ya que un mismo conflicto puede pasar por un juzgado estatal y terminar en uno federal como ocurren normalmente con los juicios de amparo, que normalmente sucede en todos los casos.
Sobre todo, porque si los plazos fueran distintos, se generarían confusiones sobre cuándo vence un trámite, lo cual, normalmente era ocupado por los abogados para alargar los juicios de forma intencional; en términos reales, solo propiciaría que hubiera un mayor número de actos de corrupción.
Afortunadamente, se desconoce quién o quiénes lograron que la secretaria Ejecutiva entrara en razón y admitiera reconocer su gravísimo error para recular a su decisión y finalmente anunciar que las vacaciones serán como de costumbre y que solo en los juzgados y áreas administrativas que así lo amerite, deberán realizarse guardias.
Sin duda, estas decisiones reflejan la profunda falta de profesionalismo por parte de ciertos funcionarios cuya llegada a los cargos responde a recomendaciones de las esferas del poder, y no a su capacidad, experiencia o mérito. Imponer perfiles por mero compadrazgo político debilita la estructura operativa de cualquier organismo, ya que desplaza a los cuadros técnicos preparados y vulnera la ética que debe regir al servicio público.
Lejos de fortalecer a la institución, esta dinámica de improvisación y favores termina por agravar las problemáticas existentes y hundir la legitimidad de una institución ante la sociedad, pues el impacto de estas designaciones no solo frena el correcto desarrollo institucional, sino que condena a la entidad a una crisis de confianza y eficacia que resulta sumamente compleja de revertir.