Pésele a quien le pese, la regordeta funcionaria Yalina Domínguez Carro, busca obligar a todo el Poder Judicial a trabajar durante vacaciones; se avecinan inconformidades
Pepito el Tlachiquero
Una verdadera crisis es la que se avecina en el Poder Judicial de Tlaxcala, derivado de la supina ignorancia procesal de la Secretaria Ejecutiva del Órgano de Administración Judicial, Yalina Domínguez Carro, la famosa hija de la fiscal General de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán, quien en uno más de sus torpes decisiones y por recomendación de su “mamita” decidió poner a trabajar a medio tribunal durante el periodo vacacional.
Así como usted lo escucha, pues acostumbrada a que todo mundo le haga su trabajo y cobrar un abultado salario sin poner un pie en su oficina, tomó la decisión de ordenar que todas las áreas administrativas y jurisdiccionales se mantengan trabajando incluso durante el periodo vacacional, para lo cual, tomó la ignorante decisión de no suspender los plazos y términos de asuntos jurisdiccionales.
Al menos así lo asentó en una circular que exhibe un alarmante desconocimiento de los procedimientos jurisdiccionales, poniendo en riesgo la certeza legal de miles de litigios y desatando la furia de la base trabajadora, pues ordenó que todas las áreas y juzgados de la institución deberán establecer guardias obligatorias durante el próximo periodo vacacional
Su argumento, mantener la continuidad laboral argumentando que no se suspenderían los plazos y términos procesales, pero la medida, lejos de interpretarse como un impulso a la productividad, encendió las alarmas de litigantes, jueces y del sindicato de trabajadores, quienes ya amagan con movilizaciones y suspensiones de labores si se intenta vulnerar su derecho al descanso.
De acuerdo con comentarios de los propios trabajadores, incluso los magistrados ya han advertido a la inexperta funcionaria del desfase que se generaría con el Poder Judicial Federal, pero a pesar de esta advertencia y las consecuencias jurídicas severas que se generarían, la hija de la Fiscal no entiende razones y ahora busca hacer su voluntad bajo el argumente de que, “pésele a quien le pese y le duela a quien le duela”, ella es la que manda y ni la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros podrá intervenir para frenar sus decisiones.
Fuentes internas confirmaron que los magistrados advirtieron el grave error técnico de la Secretaria Ejecutiva, debido a que la mayoría de los casos locales caminan de la mano con los plazos y términos del Poder Judicial de la Federación, especialmente en materia de juicios de amparo. Al pretender que los días sigan corriendo en Tlaxcala mientras los tribunales federales suspenden actividades por vacaciones, lo que generaría un desfase sistémico, lagunas procesales y un desorden legal que afectaría directamente a los ciudadanos en litigio.
A pesar de las advertencias técnicas de los juzgadores, los reportes indican que la funcionaria se empecina en mantener su postura de no suspender los términos, argumentando que la decisión sigue «bajo análisis».
Trabajadores denunciaron que en el caso de quienes forman parte del sindicato “7 de Mayo”, se encuentra más que molesto por la torpe decisión de Domínguez Carro y a través de reuniones en las diferentes áreas, han acordado fijar una postura tajante para no acatar la circular y que tomarán su periodo vacacional conforme al calendario establecido, sentenciando un rotundo «háganle como quieran».
De mantenerse la obligatoriedad de las guardias bajo estas condiciones procesales, las manifestaciones y el paro de labores serán inminentes.
Es importante comentar que la unificación y armonización de los plazos y términos procesales entre los tribunales locales y el Poder Judicial de la Federación no es un capricho; es una exigencia constitucional que busca garantizar una justicia pronta y expedita bajo los siguientes principios.
Lo anterior, porque genera certeza jurídica para que ciudadanos, abogados y jueces conozcan con exactitud los límites de tiempo para presentar pruebas, emitir fallos o interponer recursos, evitando desfases entre el fuero común y el federal, incluso esto evita la discrecionalidad para prevenir actos de corrupción y por cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido lineamientos constantes para estandarizar los tiempos legales, previniendo así lagunas procesales que dejen en la indefensión a los justiciables.
No cabe duda que el caso de Yalina Domínguez Carro, es un claro ejemplo de que la improvisación en la designación de funcionarios que solo arriban a los cargos por recomendación de sus padres y que carecen de toda lógica y conocimiento jurisdiccional, solo propicia errores garrafales que afectan no solo el funcionamiento de toda una institución, sino que pone en riesgo los derechos a los justiciables para acceder a una justicia pronta y expedita.