Se descara como el cuñado de la gobernadora, pide a trabajadores y presidentes municipales contribuir con la pinta de bardas; les recomienda no borrar las de los bailes populares
por Pepito Tlachiquero
A pesar de que la Constitución de Tlaxcala, es muy clara y precisa respecto a las facultades y obligaciones del titular de un Órgano de Fiscalización Superior (OFS), el cual tiene estrictamente prohibido realizar actos políticos a favor de cualquier partido político, ahora salieron a relucir una serie de mensajes en los que el titular de este organismo, Arturo Lucio Salas Miguela, pide a trabajadores y presidentes municipales, cumplir con la pinta de bardas a favor del famoso “delfín” de la gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, el alcalde capitalino con licencia, Alfonso Sánchez García.
El auditor superior arrastra una serie de acusaciones de presuntas extorsiones a alcaldes por haber auditado todos los recursos federales de los ayuntamientos, a pesar de que la ley en la materia le prohíbe dicha situación.
Lo más preocupantes, es que Arturo Lucio Salas Miguela, ahora se descaró y decidió convertirse en un “mapache electoral”, pues de acuerdo con las denuncias, inició una fuerte operación política a favor de Sánchez García.
Ahora las instrucciones que salen del OFS ya no son solo sobre auditorías, sino de corte proselitista, al solicitar a trabajadores de la dependencia y a presidentes municipales que contribuyan de manera directa con la pinta de bardas a favor del partido en el poder.
La única «recomendación» estratégica que se les ha dado es no borrar las bardas de los bailes populares para evitar conflictos con la ciudadanía y las empresas, además de plantear que todas las bardas sean de viviendas de amigos y conocidos para evitar que sean borradas y que permanezca en estos lugares al menos durante tres meses.
Esta intromisión representa una violación directa al Estado de Derecho. Por mandato constitucional y legal, las personas que encabezan las instituciones de fiscalización pública deben actuar bajo estrictos principios de autonomía, imparcialidad, legalidad y objetividad técnica, erradicando cualquier sesgo partidista de su actuar.
Los órganos de fiscalización son entidades autónomas y estrictamente técnicas, pues su mandato es revisar y transparentar el uso de los recursos públicos, no operar como agencias de proselitismo ni organizar cuadrillas para pintar propaganda.
Un auditor no puede ser juez de las finanzas municipales y, al mismo tiempo, exigir cuotas de participación electoral, por lo que la conversión del titular del OFS en un operador político compromete la credibilidad de todas las revisiones de cuentas en curso y exige la intervención de las autoridades correspondientes para frenar el uso de las instituciones como extensiones de los partidos políticos.
Es importante señalar que para ser titular del OFS, la persona debe gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se trata de falsificación o delitos patrimoniales u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
Peor el inciso I del artículo 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece que: “El Auditor y el Auditor Especial durante el ejercicio de su cargo tendrán prohibido…participar en actos políticos partidistas y hacer cualquier tipo de propaganda o promoción partidista; mientras que el resto del articulado prevén que esto es causa de remoción del cargo por parte del Congreso del Estado.