Por Pepito tlachiquero
El evidente debilitamiento político del proyecto que encabeza Alfonso Sánchez García, impulsado por la gobernadora Lorena Cuéllar rumbo a la sucesión de la gubernatura de Tlaxcala en 2027, ha arrastrado a la administración estatal a un escenario de desesperación.
Ante el marcado rechazo ciudadano y la lejanía en las preferencias frente a sondeos serios, el grupo en el poder optó por contratar a Ojiva Consultores, una firma queretana con antecedentes sumamente oscuros y estrechos vínculos con las cúpulas del Partido Acción Nacional (PAN).
Esta alianza exhibe cómo la debilidad operativa y la falta de respaldo orgánico orillaron al cuellarismo a tercerizar tácticas de guerra sucia y manipulación informativa. Dirigida por Andrea de Anda, esta consultora arrastra un historial cuestionable que incluye financiamientos millonarios en campañas panistas pasadas y escándalos por opacidad financiera, como el aseguramiento de divisas sin declarar a colaboradores clave en la frontera sur.
Lejos de abonar a la legitimidad, la intervención de Ojiva —vinculada también con la fabricación de encuestas a la medida para inflar artificialmente la imagen de su delfín— refleja una profunda contradicción ética. Apostar por operadores de la derecha tradicional para maquillar el declive de un proyecto que dice enarbolar los principios de la Cuarta Transformación evidencia un pragmatismo sin escrúpulos.
La utilización de estrategias de desinformación, ataques digitales y sondeos simulados no corrige la desconexión real entre la clase gobernante y la ciudadanía tlaxcalteca, sino que profundiza la desconfianza pública.
La sucesión de 2027 no puede ni debe construirse sobre cimientos de opacidad, laboratorios de confrontación ni alianzas inconfesables. Tlaxcala demanda transparencia absoluta, juego limpio y un respeto irrestricto a la voluntad popular, alejando de los procesos democráticos a empresas manchadas por intereses oscuros y prácticas contrarias al bienestar social.