La teoría de la «pax narca» —esa calma aparente generada por el dominio absoluto de un grupo criminal que regula la delincuencia, impone silencio y minimiza la violencia visible para preservar sus operaciones— se manifiesta de forma particularmente controvertida en Tlaxcala, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ejerce influencia significativa, según mapas y evaluaciones recientes de la DEA y reportes periodísticos.
De acuerdo con la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2025 de la DEA, Tlaxcala figura entre las entidades con presencia significativa del CJNG. El cártel forma parte de un corredor amplio que incluye Guanajuato, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro y Veracruz, aprovechando la ubicación estratégica de Tlaxcala para rutas de trasiego, extorsión y control de economías locales.
Evidencias concretas incluyen la detención reciente de Isaac Moreno Romero, alias “El Hacha”, identificado como operador regional del CJNG en municipios como Santa Cruz Tlaxcala, Tetla y Contla. Este sujeto, capturado con narcóticos y una granada de fragmentación, era señalado por coordinar extorsiones, secuestros, homicidios y cobro de piso, lo que confirma células activas del grupo en la entidad.
A pesar de estos indicios —reforzados por informes previos que ubican al CJNG junto al Cártel de Sinaloa y grupos locales en Tlaxcala desde 2019-2020, así como narcomensajes amenazantes del CJNG dirigidos directamente contra la gobernadora en años pasados—, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha mantenido una postura de negación sistemática y casi obsesiva.
En múltiples ocasiones, ha calificado como “inexactos”, “erróneos”, “falsos” o simplemente “no reales” los reportes sobre presencia de crimen organizado, argumentando que Tlaxcala es uno de los estados más seguros del país y que solo operan “bandas transgresoras de la ley”.
Ante datos federales, informes del Índice de Paz México, evaluaciones de la DEA o incluso el diagnóstico de la Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días del gobierno federal —que incluye al CJNG en mapas oficiales—, la mandataria ha insistido en que tales afirmaciones son “notas falsas” y ha exigido verificaciones que, según críticos, ignoran evidencias irrefutables como capturas de alto perfil.
Esta negación oficial contribuye directamente a la dinámica de la “pax narca” en Tlaxcala: bajos índices de homicidios públicos y delitos callejeros visibles contrastan con operaciones discretas del cártel, que prioriza el control silencioso sobre confrontaciones abiertas. Expertos en seguridad señalan que, en regiones como esta, el dominio hegemónico del CJNG suprime denuncias por miedo, infiltra estructuras locales y diversifica actividades (extorsión, huachicoleo, trata), manteniendo una estabilidad aparente que oculta impunidad y erosión institucional.
El fenómeno se replica en otros estados con influencia fuerte del CJNG, pero en Tlaxcala adquiere un matiz político especial por la discrepancia flagrante entre evidencias internacionales y federales, y la narrativa gubernamental estatal.
Tras eventos como el abatimiento de “El Mencho” en 2026, que generó reacomodos criminales nacionales, la captura de operadores como “El Hacha” en Tlaxcala sugiere que el cártel mantiene operaciones activas pese a la negación oficial. Esta “paz” frágil, sustentada en el monopolio criminal y el silencio institucional, pone en riesgo la gobernabilidad real y la percepción de seguridad en una entidad que, según datos objetivos, no escapa al avance del crimen organizado —y cuya máxima autoridad parece preferir el espejismo a la confrontación con la realidad.
